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Una resolución del Gobierno nacional publicada el viernes a la madrugada en el Boletín Oficial definió nuevos criterios obligatorios para la acreditación de medios y periodistas en la Casa Rosada, estableciendo nuevas restricciones a lo que pueden hacer dentro de la casa de gobierno.
El contexto es el enfrentamiento del presidente Javier Milei con el periodismo. Recientemente acusó a la prensa de ser “prostituta de los políticos” y sostuvo que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. El mandatario larga habitualmente insultos y acusaciones a comunicadores, de distintos medios, más allá de la ideología.
La nueva reglamentación fija un sistema de puntos para acceder a las acreditaciones y conservarlas; y crea nuevas facultades regladas de vigilancia de las conductas de los periodistas. Para determinar las acreditaciones, determinó criterios como el alcance numérico del medio, la interacción, la cobertura previa, la trayectoria profesional, la diversidad informativa y el compromiso con normas institucionales.
Establece puntos para cada categoría, y apuntó que “en caso de puntajes bajos, se podrá presentar una solicitud de revisión con documentación complementaria".
Además restringió la movilidad dentro de la Casa Rosada: periodistas sólo se podrán trasladar “entre los puntos habilitados” y “la permanencia y circulación en pasillos, oficinas, despachos u otras zonas de la Casa de Gobierno que no estén explícitamente autorizadas a tal fin, se encuentra prohibida”. Estará "prohibido transmitir en vivo, tomar imágenes o videos en espacios no autorizados”. De esta manera, no habría guardias periodísticas.
Asimismo, los comunicadores tendrán que estar vestidos de manera "formal”, para “mantener el decoro y el orden correspondiente”.
En las conferencias se limita la repregunta. El periodista que reciba el micrófono deberá devolverlo “concluida la formulación” de su pregunta, y sólo podrá volver a preguntar “en el supuesto de habilitarse una nueva intervención”.
La capacidad de la sala de periodistas se reducirá a 25 personas, por lo que más de la mitad de los cronistas actuales quedará sin acreditación.
El Gobierno argumentó que con todo esto busca “asegurar el pleno ejercicio del derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, plural y de interés público, en condiciones de igualdad y transparencia”.
Las nuevas disposiciones causaron el rechazo y la preocupación de comunicadores, medios en general y entidades periodísticas.
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